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La Asociación de Abogados de Buenos Aires
 y el Derecho de Daños

Dr. Beinusz Szmukler (Presidente de la AABA)

 El primer Congreso Internacional de Derecho de Daños se llevó a cabo en abril de 1989, en este  mismo ámbito, al igual que los 7 restantes.   Nuestro primer agradecimiento entonces a las conducciones de esta prestigiosa casa de altos estudios por su permanente y valiosísimo apoyo. Gracias Dr. Alterini.

El segundo al Comité Académico y al Comité Ejecutivo.

Nuestra  más cálida bienvenida a todas y a todos, y en especial a las y los colegas latinoamericanos, hermanados en la  lucha por una sociedad y un continente menos injusto, más fraterno y solidario, que han venido a enriquecer sus conocimientos, intercambiar experiencias, y generar nuevas relaciones, y sobre todo a reflexionar junto a nosotros sobre como alcanzar ese objetivo.

El objetivo de estos encuentros académicos es el de analizar las diversas facetas de  la  responsabilidad civil, con un enfoque moderno y progresista, colocando el eje del debate en la protección del más débil por su situación social o económica.

En los sucesivos congresos el temario se ha ido ampliando, hasta cubrir una vasta gama de asuntos que exceden generosamente el concepto clásico de responsabilidad civil, adquiriendo una dimensión claramente interdisciplinaria.

Desde abril de 1999, el Congreso Internacional de Derecho de Daños se alterna con el Congreso Internacional de Derechos y Garantías, organizado también por la Asociación de Abogados de Buenos Aires, siempre en esta Facultad. En abril de este año se realizó el V.

Ambas actividades se han convertido en una referencia indispensable en el calendario académico de la abogacía nacional e internacional, con el auspicio de entidades profesionales  y universitarias nacionales y la de la Asociación Americana de Juristas. Su prestigio se advierte navegando en Internet, para comprobar su cita  como  elemento de valía  en la currícula de distinguidos juristas, y en la agenda de universidades, colegios de abogados y otras instituciones.

Como se puede apreciar el temario de este congreso incorpora nuevos temas o desarrollos más amplios de otros tratados, es decir que amplía el universo de nuestros intereses. No voy a entrar al análisis que harán los más destacados conferencistas, expositores y panelistas, y a los valiosísimos aportes que estoy seguro producirán todos los participantes en comisiones y talleres, que ensancharán el horizonte jurídico tanto académico como profesional de cada uno de nosotros y de todos cuantos accedan a la información de los trabajos y conclusiones en el futuro.

Me toca el honor de inaugurar este Congreso en un momento muy especial para la democracia argentina. La lucha incansable de más de 20 años del movimiento de derechos humanos, en la que la AABA tuvo una honrosa actuación, la decisión política del Presidente Kirschner y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su composición actual, han permitido romper con la impunidad de los crímenes del terrorismo de estado, generada por las leyes de punto final y obediencia debida y los indultos de las cúpulas de las FFAA. En estos momentos a lo largo y ancho del país, con diversas dificultades, tramitan procesos contra los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad. Hace unos meses el Tribunal Oral de La Plata condenó a prisión perpetua por esos crímenes, con el importante añadido de ubicarlos en el marco de un genocidio, a uno de los más sanguinarios, el ex Jefe de Policia de la Bonaerense. Esta semana el mismo Tribunal ha dictado idéntica condena en sentencia paradigmática contra un sacerdote católico que con escarnio de su ministerio, participó en esos crímenes y alentó a otros represores a cometerlos.

Hay que celebrar esta victoria de la verdad y la justicia, sin las cuales es imposible la construcción democrática.

Pero no podemos olvidar que la usurpación del poder y el genocidio del 76/83, no fue una acción de criminales malvados y locos, sino que respondió a un  plan sistemático de destrucción de la economía argentina en beneficio del capital       financiero y las multinacionales, con beneficiarios con nombre y apellido. Martinez de Hoz es, por lo menos, tan responsable como Videla. Sin embargo a su respecto la impunidad es total.

En Setiembre de 1983 la Conferencia Nacional de Abogados de la FACA aprobó por unanimidad una ponencia de la AABA declarando que debían suspenderse los pagos de capital e intereses de la monstruosa deuda externa que nos estaba legando la dictadura, hasta tanto se determinara cual era legítima y cual no. Lamentablemente lejos de ellos los gobiernos constitucionales posteriores siguieron pagando y renegociando esa deuda elevándola cada vez más, y sometiendo toda su política económica y social a los dictados del FMI y del BIRF, que ordenaron la aplicación de los planes de ajuste destinados a satisfacerla.

Aunque tardíamente el juez Ballesteros que investigó la deuda declaró que en la contratación de la misma y en las refinanciaciones, los funcionarios que actuaron por la Argentina, habían incurrido en manifiestas ilegalidades y que el FMI era corresponsable.

El daño inflingido a nuestras sociedades, en toda Latinoamérica, por las políticas de ajuste impulsadas desde las instituciones financieras nacionales e internacionales, han provocado muchas más víctimas que los crímenes de lesa humanidad del terrorismo de estado. Y las siguen provocando. Se trata de un plan sistemático, en cuya instrumentación la responsabilidad del FMI fue reconocida por su máxima autoridad de ese momento, Michael Camdesus. En su visita a nuestro país, con total hipocresía, se lamentó ante la prensa por el penoso sacrificio para los pueblos provocado por los planes de ajuste, pero, dijo, no había más remedio que aplicarlos con más fuerza aún.

Ese daño inconmensurable a la niñez, la ancianidad, a los hombres y mujeres que han visto, y ven afectada su salud, su alimentación, su educación, sus condiciones de vida, debe ser reparado  por los que se beneficiaron con su deterioro.

Hay que agregar también el daño social que genera la corrupción de los funcionarios públicos.
Creo que los juristas democráticos y progresistas tenemos una asignatura pendiente: la  de aportar nuestro saber a profundizar la lucha, débil todavía, contra la impunidad de esos responsables, para lograr el reintegro de su infame latrocinio y penalidades económicas accesorias reparadoras, en la medida de lo posible, del daño ocasionado.

Asumamos el compromiso  que para el próximo Congreso ese sea el tema central, y que cada uno de nosotros comience a investigar y elaborar desde ya su contribución.
Les deseo el mayor de los éxitos en vuestras deliberaciones.

Muchas gracias.