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PONENCIA N* 10

El orden Jurídico, los derechos fundamentales  y la seguridad en zonas fronterizas

 Rodolfo Luis Mongelós Arce

CONCEPTO DE FRONTERA:

                                    Definida por Cabanellas como límite territorial entre estados, denotando un concepto excesivamente parco, él mismo comenta que el tránsito por las fronteras obliga a las personas a proveerse de pasaporte y, a las mercaderías, de permiso de exportación o importación, con los consiguientes pagos de derechos aduaneros, conforme a los aranceles vigentes. Las fronteras han tomado, en el presente, un nuevo cariz, ya sea que se trate de estados o naciones que mantienen relaciones pacíficas o de aquellas que sostienen un conflicto. En el primer caso, el flujo de personas y mercaderías hasta la peligrosa y discutida presencia de personas dedicadas a la actividad delictiva, cualquiera fuese esta su naturaleza, implica una política de estado tendiente a regular la interacción que significa la entrada y salida de extranjeros de un estado nacional. Por otra parte, la necesidad de pagar impuestos sobre la importación o exportación de mercaderías conlleva la posibilidad de comisión de numerosos hechos punibles, algunos de los cuales trataremos en detalles más adelante. 

                                   Silvia Montenegro y Verónica Jiménez, en su obra “LA TRIPLE FRONTERA: GLOBALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO” (Miño y Dávila Editores, 2006), citando a Pierre Bourdieu y refiriéndose a la Triple Frontera, dice que ella aparece como una unidad física y social determinada por el conjunto de agentes que aspiran al monopolio de la imposición de una definición legítima de las divisiones del mundo social. Entienden las autoras que las fronteras están delimitadas por la autoridad de cada uno de los estados, pero también pueden ser introducidas en la clasificación de regiones, sobre todo a la Triple Frontera, ya que el conjunto de nacionalidades, actividades y cultura, confiere a dicha región, y nos animamos a decir nosotros que en alguna forma a la mayoría de la zonas de frontera, un carácter especial que impone también un tratamiento especial de parte de la sociedad en general, de la autoridades y, por supuesto, del Derecho Penal.   

 CONCEPTO DE SEGURIDAD

                                   Con respecto a la seguridad, los conceptos son disímiles, tratándose de la legislación internacional o la interna. La Constitución Paraguaya, por ejemplo, no hace mención entre los derechos, deberes y garantías a ser tutelados a la seguridad pública. Sin embargo al referirse a la Policía Nacional, la define, entre otras cosas, como ”...organizada con carácter permanente y en dependencia jerárquica de órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna de la Nación”. Entendemos que ese órgano es el Ministerio del Interior. Podría asimilarse esta seudo definición de la Policía como una ley en blanco, toda vez que no define que entiende la ley por seguridad. Más adelante, el mismo artículo constitucional refiere que la Policía tiene la misión de “preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y seguridad de las personas y  entidades y de sus bienes, ejecutar mandatos de la autoridad, etc.” En este orden de cosas, la seguridad, entendiéndose ella como actividad encargada a la Policía, sería el orden público, la preservación de los derechos de personas y entes y de sus bienes, etc. Sin hallar todavía el real sentido de la palabra, tan  frecuentemente usada, nos remitimos al art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice: “Todo individuo tiene derecho a la liberad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo las causa fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta”. Indudablemente, el concepto de seguridad difiere de lo que nuestra legislación entiende por seguridad. El Pacto entiende por seguridad la posibilidad de que los individuos puedan trasladarse de un lugar a otro, ejercer sus actividades, dar opiniones, etc. libre de toda intromisión del Estado, salvo el orden público.  

                                   Lo que parece resaltar de lo transcripto es una actitud de corte ligeramente represivo en nuestra legislación interna, mientas que en los Instrumentos de Derechos Humanos se prioriza la libertad del individuo (en el mismo  sentido en el Pacto de San José de Costa Rica).

                                   Y, por último resta analizar someramente el sentido que el público da a la seguridad y, más específicamente a la seguridad ciudadana. Los estudiosos ha llegado a la conclusión, con la que concuerdo, que la seguridad es un concepto sumamente resbaladizo y que concierne principalmente a la situación emocional de una persona. Si ello se extiende a una comunidad, probablemente estemos en presencia de una percepción de inseguridad o, lo que denominan  muchos autores, en definitiva “el miedo al delito”.

                                   Lo que pretendemos en el presente trabajo es precisamente, trazar una línea divisoria entre la percepción de la inseguridad (creada o no), el miedo al delito en las regiones fronterizas y la mayor o menor libertad de los individuos sometidos al influjo del miedo al delito 

                                   La seguridad se ha constituido, en los tiempos actuales, en una necesidad tan gravitante como el empleo, la salud, la educación o tal vez más. Es probable, me aventuro a decir que los reclamos de seguridad por parte del público han sobrepasado de manera ostensible a los de más oportunidad de trabajo, mejor salario, mejor y mayor acceso a la salud y a la educación y otros.

                                   Cuando hacemos mención de seguridad, frecuentemente adjetivada por la palabra ciudadana, en la mayor parte de los casos, la seguridad es requerida como una necesidad de las grandes urbes, pero  no cabe duda  que también hay reclamos por seguridad en ciudades pequeñas, pueblos y villas. Las megápolis o la ciudades importantes por su trascendencia política, comercial o fronteriza ofrecen, una relativa seguridad, valga el contrasentido, a las personas o grupos que se ocupan de vulnerar peligrosamente la seguridad de las personas, de las instituciones y de sus bienes. La seguridad urbana, la ciudad como albergue, lugar de trabajo y de descanso de los habitantes de nuestros respectivos países es la que se ha visto seriamente dañada por estas estocadas sistemáticas, pero mortales en algunos casos, por los golpes que asestan los delincuentes no solamente a los particulares, al ciudadano común, sino porque amenazan con destruir el núcleo y la base misma del sistema político-jurídico de nuestros estados que tanta sangre y sacrificio han costado reconstruir. No lo decimos por sus actos en sí, sino por los efectos que ellos generan. La expresión anterior, muy utilizada por los gobiernos autoritarios del pasado, constituyen, sin embargo, una realidad que contiene dos vertiente: a. El ataque en si de la delincuencia a lo ciudadanos y sus bienes, y, b. la respuesta poco feliz e ineficaz de las instituciones.

                                    En efecto, una vez recobrado el orden democrático, alejado los fantasmas de los gobiernos autoritarios y de sus excesos; surge esta nueva y peligrosa coyuntura que provoca la crisis del orden penal construido sobre claros y estrictos fundamentos democráticos, establecidos sobre un estricto respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho, poniéndolos en serio riesgo por la corrupción institucionalizada y el caos republicano.

                                   Decimos que provoca la crisis del orden penal porque se da la extraña paradoja que tras la derrota de las dictaduras y el autoritarismo, de los asesinatos, torturas y desapariciones forzosas, cuando el ordenamiento penal parece haber sido permeabilizado, por fin, por los Derechos Humanos, la filosofía liberal de la ilustración, el pensamiento de Ferrajoli; el auge de la delincuencia o de la percepción de ella, realzado y magnificado por el stablishment mediático, produce en el público una reacción que reclama sanciones más severas en términos de pena de muerte, aumento del tiempos de duración de la  condena a pena privativa de libertad, disminución en la edad de imputabilidad de los niños y adolescentes, etc. Vale decir, cuando se ha conseguido una derecho penal de mínima intervención y más humanitario, el aumento de la delincuencia o la percepción de ello promueve penas más severas por parte del público, que en su desesperación clama por excesos ya preteridos como la pena de muerte o la intervención de fuerzas militares.     

                                   Aún cuando lo enunciado se vincula generalmente con las ciudades, este orden de cosas afecta singularmente a nuestras zonas fronterizas. En efecto, no solamente porque a ambos lados de las demarcaciones fronterizas existen conglomerados urbanos, los que, aún cuando no llegan al número exacerbado de habitantes de las grandes urbes, sufren los mismos problemas de seguridad; sino porque a ello se agrega también la proliferación de marginales a la espera de trasponer los límites fronterizos para escapar a la justicia de cada uno de los países limítrofes o llevar a cabo sus actos ilícitos, provocando con ello la contaminación de la población fronteriza con la perversión del delito, sobre todo si ellos quedan impunes, a lo que se suma la captación para las actividades ilícitas de pobladores de zonas fronterizas. Por otro lado, la globalización de las comunicaciones, las facilidades del transporte, etc., permiten el rápido desplazamiento de los delincuentes de un estado a otro, con la consecuente internacionalización de los de la búsqueda, la necesidad de control de las fronteras y la cooperación de las autoridades.

                                   Cada uno de los órganos del Estado, ya sea que pertenezcan o no a los ámbitos del Poder Ejecutivo como la Policía, la Gendarmería, el Ejército, etc. o al Poder Judicial, han tomado cabal conocimiento, a través de la experiencia, que un elevado porcentaje de los autores y partícipes de hechos punibles termina, en la mayoría de los casos, cerca de las fronteras, a la espera de la fuga o del olvido

                                   Por otra parte, existen hechos punibles que si bien pueden o no ser característicos de las fronteras, éstas constituyen un elemento esencial para el desarrollo y resultado de los delitos. Así, el contrabando, el tráfico de estupefacientes, el terrorismo, los secuestros, etc. nos han demostrado en la práctica que la delincuencia ha aprovechado con ventajas las oportunidades que ofrecen los adelantos tecnológicos y la globalización.

                                   Es una cuestión por demás discutida si en realidad se ha producido efectivamente un auge delictivo con respecto a veinte o treinta años atrás. Somos de la opinión que la discusión si existe o no una “percepción de la inseguridad” o efectivamente se ha producido un aumento de la delincuencia, no merece una polémica acendrada, que nos hará perder de vista el tema principal: dar una respuesta eficaz a la sociedad que permita conservar los logros conseguidos en material penal con el garantismo y, al mismo tiempo crear una estructura penal y procesal penal, así como medidas policiales  y de protección eficaces que convenzan a  nuestros conciudadanos la efectividad  de la protección legal.

                                   No escapa a los conocimientos de nadie que la búsqueda de las causas de la delincuencia en fenómenos superficiales y estrictamente fácticos como la escasa dotación policial, el excesivo humanitarismo de las penas, etc., son fundamentos retóricos y triviales, frecuentemente utilizados por la prensa sensacionalista y sectores interesados. Por otro lado, es menester que los Gobiernos entiendan de una buena vez que el reclamo y cada vez más persistente exigencia popular, además de algunas medidas de carácter práctico, precisan de una profunda revisión, análisis y diagnóstico de las causas reales de la delincuencia, la que estamos seguros, tiene estrechos lazos con la pobreza, la deficiente distribución de la riqueza, la intolerancia y la falta de solidaridad.

                                   En  consecuencia, sentamos el principio, desde ya, que alentamos el criterio que la solución para este problema acuciante que aqueja a la sociedad, no pasa por soluciones transitorias, coyunturales y exitistas, sino por el examen profundo de la realidades de cada una de las sociedades, además de las medidas que en la práctica se puedan tomar para la protección eficiente de la sociedad. 

                                   Nos parece conveniente hacer un repaso de ciertas figuras delictivas que han venido preocupando a la ciudadanía y a la posible solución, tomando en consideración las medidas profundas y aquellas coyunturales que se podrían implementar de forma a dar una respuesta eficaz a los reclamos populares.   

 Secuestros

                                   En materia de secuestros, los hechos nos han demostrado en forma patente la gestión criminal en varios casos. En efecto, los llamados secuestros Express, en los que los operativos criminales son rápidos, no buscando quizá una recaudación cuantiosa, sino inmediata, constituye de los tipos de secuestros muy frecuente hasta hace algunos meses a los que podríamos denominar urbanos. Sin embargo, los grandes operativos han marcado como característica obligar a la búsqueda, tanto de los secuestrados como de los secuestradores por varias ciudades en diversos países, generalmente limítrofes. Por ejemplo uno de ellos es el conocido caso Schaerer, que afecta al Nordeste de la Argentina y al Paraguay y la presumible sospecha de que la banda criminal que habría llevado a cabo el ataque criminal contra el joven secuestrado operaba en ambos países, y, probablemente también en el Brasil, trasladándose los  autores en forma normal y sin inconvenientes lo que ha causado la casi imposibilidad de dilucidar el caso, no pudiéndose, hasta el momento, hallar al secuestrado o sus restos, si bien se han encontrado y detenido a miembros dispersos de la banda criminal, tanto en el Paraguay como en la Argentina. Se ha constatado por parte de la justicia que los operadores criminales formaban o forman parte de una banda internacional con contactos tanto en la frontera como en las capitales de los países de la región 

                                   En el secuestro de la Sra. María Gilda De Vargas llevado a cabo en la ciudad de Asunción, los delincuentes han exigido el depósito de una suma de dinero en las orillas del río Paraguay, en la zona de la localidad de San Antonio, con el evidente propósito de ponerse a salvo en la orilla Argentina si la operación fracasaba, como sucedió en realidad. También este operativo formaba parte de una serie de secuestros planeados por una banda dentro del ámbito del MERCORSUR.

                                   En el triste y sonado caso de Cecilia Cubas, hija de un ex presidente de la Rca. del Paraguay que, si bien hasta ahora no hemos tenido noticias que se haya utilizado una vía fronteriza; el Ministerio Público y la Policía han manifestado haber descubierto conexiones con posible asesores y operadores extranjero, inclusive provenientes de zonas muy distantes de nuestras fronteras. Hemos tenido conocimiento que en la investigación de este caso, las autoridades fronterizas han alcanzado un nivel interesante de cooperación, sobre todo de los países con costas sobre el río Paraná.

                                   Si bien en los operativos de investigación se ha logrado la cooperación entre los organismos de seguridad de ambos países, los trámites que tienen relación a los procedimientos judiciales, no han podido sortear el eterno problema de la burocracia estatal. Los diversos tratados firmados para la agilización de las extradiciones, la creación del MERCOSUR y la introducción en el derecho procedimental de los instrumentos de Derechos Humanos, no han logrado romper este férreo obstáculo burocrático. Constituye un contrasentido afirmar, lo que constituye una paradoja, que los gobiernos totalitarios no han tenido inconvenientes en trasponer las fronteras interestatales para sus fines espurios. La democracia, tal parece, no ha conseguido agilizar los trámites bilaterales para la extradición de sospechosos y delincuentes. Existe una urgente y cada vez más creciente necesidad de flexibilizar los trámites documentarios –sobre todo en lugares de frontera– permitiendo un acceso más fácil y rápido de los órganos jurisdiccionales al control de las investigaciones.

                                   Debemos reconocer que los organismos de seguridad han desarrollado un aceptable grado de cooperación, mientras que los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Público fronterizos adolecen de una falta crónica de comunicación oficial, aliviada en algunos casos y en alguna medida por la iniciativa individual y la voluntad personal de magistrados y fiscales de la región. La intervención a destiempo en estos casos, no solamente puede producir una peligrosa lesión a los derechos de los detenidos, sino que amenaza la validez del todo el procedimiento

 El contrabando

                                   Las operaciones de contrabando, sobre todo, pero no solamente de cigarrillos en esta zona de la frontera, en la que se lleva a cabo lo que se dio en denominar la triangulación, con el fin de evitar pago de impuestos, la venta de cigarrillos falsificados, etc., no involucra solamente a los marginales que operan en las zonas fronterizas, sino que también incluye a industriales y comerciantes de reconocida participación en la sociedad –por lo menos la paraguaya- políticos y, por supuesto, la complicidad pagada de autoridades y funcionarios aduaneros. La falta de control, la corrupción y los escasos recursos para la investigación, no sólo entorpecen y anulan la investigación y castigo de los responsables, sino que produce un grave efecto económico en los países de ambos lados de la frontera. En este sentido, se vuelve imprescindible, además de la intervención de la fuerza pública, una decisión más trascendente de los gobiernos de la región para establecer parámetros jurídicos más claros y específicos sobre este tema, consignando sanciones más eficaces para los industriales, importadores y exportadores involucrados en el tráfico irregular de cigarrillos y su falsificación, además de la puesta en práctica con vigor de las regulaciones internacionales respecto a ellos.

                                   El operativo de contrabando de cigarrillos tiene una marcada conexión con los delitos de falsificación, evasión de impuestos, lavado de dinero y otros. Resulta por demás evidente que la operación de trasponer la frontera con unas pocas cajas de cigarrillos no constituye el único objetivo, ni sus autores son exclusivamente los humildes paseros que llevan los cigarrillos a través de los puentes o en precarias embarcaciones a través del río.

                                   La falsificación de cigarrillos y su posterior introducción dentro de las fronteras de otros países sugiere una actividad industrial de gran envergadura que involucra a industriales del tabaco, los políticos protectores de tal actividad, las autoridades fronterizas y en muchos casos a los servicios armados de ambos lados de las fronteras (policía, gendarmería, autoridades navales, etc.) La actividad delictiva genera tantos recursos que posiblemente sea –conforme a estadísticas- más rentable que el tráfico de estupefacientes.

                                   Como es posible notar, los beneficios económicos que produce esta actividad genera en sus autores la necesidad de contar a sus servicio a operadores políticos, autoridades aduaneras, policías, etc., generando, como se vé, corrupción colateral por donde sus operadores se movilizan.

                                   El alto índice de desempleo en los países de la región genera la necesidad de que la capa que agrupa a aquellos de menores recursos de la población y, en este caso, hablamos de la población fronteriza, dedique sus esfuerzos a una actividad altamente remunerativa como lo es el contrabando. La comunidad que nace de esta actividad y la rentabilidad que produce, incluyendo la producción de trabajo para los más humildes, hace que estos defiendan sus fuentes de trabajo con increíble tenacidad, reclamando, inclusive, a los gobiernos, que no se los deja trabajar tranquilo. Si bien la actividad es punible desde todo punto de vista, no es posible desconocer que la actividad delictiva viene a suplir la falta crónica de trabajo en ciertas regiones. En las zonas de frontera, sobre todo las que conocemos, Paraguay con la Argentina y el Brasil, existe toda una estructura de protección a los grandes productores que, evidentemente se ganan la protección no solamente de aquellos a quienes proporcionan actividad laboral, sino de las autoridades, las que ven en extremo restringida su reacción en razón de que las clases populares se mantienen pacíficas en tanto y en cuanto se puedan ganar la vida.

                                   Es necesario, pues aplicar la ley en forma igualitaria y equitativa a los autores en los diversos estratos en los que estos se desenvuelven. Los paseros, las “mulas”, que viven, con sus familias de esta actividad, deben ser sancinados, pero tomando siempre en cuenta la situación social de los mismos, alentando la aplicación de medidas alternativas de punición y de terminación de los procesos y la posibilidad de su reintegro a la sociedad evitando su contaminación con aquellos que hacen del delito su actividad normal.

                                   Por otra parte, es esencial desactivar la actividad delictiva, comenzando por sus generadores, los industriales y grandes financistas, así colmo sus socios : autoridades, políticos, etc. Tomando en consideración la mayor reprochabilidad de estos, la dogmática y política criminal, deben tomar en cuenta esta situación para la punición respectiva. Así también la política criminal debería –es nuestro criterio- estudiar la posibilidad del aprovechamiento de la infraestructura industrial utilizada para el delito, examinado figuras penales como el comiso, la privación de ganancias y de beneficios, etc.

A los cigarrillos se suma también el contrabando de rollos de

madera que, además de la lesión a las arcas fiscales, genera un efecto devastador sobre los bosques públicos y particulares. Esta actividad delictiva incide gravemente en un bien jurídico universal como lo constituye el ambiente, produciendo una catastrófica pérdida en nuestro sistema ecológico que perjudica no solo nuestro modo de vida actual, sino que grava con una hipoteca ambiental muy difícil de levantar para el modus vivendi de las generaciones futuras. Operan también de la misma forma quienes trafican con ganado y pieles silvestres. Estas actividades delictivas fronterizas y sus autores no tardan en organizar verdaderas comunidades marginales que viven en la práctica de lo que esta ocupación produce. Sus consecuencias son conocidas, ya que ellos dictan las leyes de convivencia en las ciudades y pueblos fronterizos, llegando incluso sus líderes o caudillos a ser venerados como verdaderos benefactores de estas comunidades. Esto resulta en la escasa posibilidad de que los órganos persecutores puedan llegar a los verdaderos autores intelectuales de los crímenes y delitos y a la destrucción de la actividad, consiguiéndose solamente sancionar a los eslabones más débiles que llevan a cabo las tareas más pesadas o más riesgosas como atravesar las fronteras, guiar transportes, etc.

 Terrorismo

                                   Una de las preocupaciones importantes de la comunidad internacional, sobre todo la occidental, consiste en la peligrosidad por una eventual “zona liberada” en la Triple Frontera de Paraguay, Argentina y Brasil, en la que operarían narcotraficantes y, sobre todo, células terroristas vinculadas a los movimientos extremistas árabes. Si bien no se ha comprobado fehacientemente la vinculación entre estas dos actividades, no podemos soslayar que ellas se sostienen mutuamente en otras regiones de nuestro continente y del planeta. Es necesario, sin embargo, circunscribirnos a las fronteras de un territorio más preciso como lo es la denominada y muy célebre Triple Frontera.

                                   En efecto, antes del 11 de septiembre del 2001 y, con mayor énfasis a partir de esa fecha, las agencias de inteligencia norteamericanos  y su propio gobierno, han venido sosteniendo que en la Frontera de Paraguay, Brasil y Argentina, se estarían gestionando células de extremistas musulmanes o, al menos, financiando, mediante envío de dinero las actividades terroristas de estos extremistas.

                                   Es necesario reconocer que en la región viven cerca de 25.000 ciudadanos árabes de distintas nacionalidades: libaneses en su mayoría, sirios, palestinos, árabes del Golfo, etc. y, por supuesto, la gran mayoría profesa la religión musulmana. Aún cuando en muchos de los informes redactados por extranjeros ellos lo niegan, es de conocimiento popular que la mayoría de los inmigrantes árabes envían dinero a sus familiares.

                                   La región del MERCOSUR ha sido la destinataria de numerosos inmigrantes árabes desde hace mucho tiempo, quizá desde los albores del siglo veinte, con una marcada presencia de ellos en el Brasil, siguiéndole la Argentina, el Paraguay y el Uruguay. Probablemente la gran emigración se ha producido después de la fundación de Ciudad del Este, Paraguay y la habilitación del Puente de la Amistad entre Paraguay Brasil. La virtual habilitación de Ciudad del Este como zona franca, con la indiscriminada entrada de electrodomésticos, electrónica, informática, etc., por una excesivamente escasa tributación de la importación de estos bienes en el Paraguay, ha producido que Ciudad del Este se transformase en un emporio del comercio, facilitando enormemente el contrabando por la falta de control, la corrupción de las autoridades, etc. Esto provocó, además de otros factores, como el turístico, la agroindustria, la industria electrointensiva, etc., el progreso también acelerado de Foz de Iguazú del lado brasilero. Los ciudadanos árabes, en su mayoría dedicados al comercio, lograron beneficiarse de esta bonanza económica, no siendo, sin embargo, los únicos. Con la llegada de chinos de Hong Kong, taiwaneses y, posteriormente chinos continentales y también coreanos, también ellos prosperaron, así como el comercio ilícito, la formación de bandas armadas de delincuentes, la extorsión, el narcotráfico, etc.

                                   Talvez la importante cantidad de árabes poderosos económicamente hablando y la evidencia de que remitían dinero a sus respectivos países, hizo que la inteligencia norteamericana pusiera sus ojos en esta comunicad tan heterogénea, acusándola de que la remisión de fondos financiaba la actividad terrorista en Medio Oriente y otras regiones. Asimismo, la noticia de que ciudadanos árabes con base en la Triple Frontera pudieran haber tenido participación en el atentado contra la AMIA en la Argentina, incrementó esta creencia, que llegó a su punto culminante con el atentado del 11-S en los Estados Unidos.

                                   No es nuestra intención dilucidar en este trabajo si existe o nó terrorismo o financiación en dicha región, sino cual es el efecto de esta estigmatización de los ciudadanos de la Triple Frontera. Las investigaciones realizadas por los propios norteamericanos no han logrado determinar, en forma efectiva, que los ciudadanos árabes que habitan la región de la Triple Frontera, hayan tenido participación, aún escasa, en los diversos actos de terrorismo que se han perpetrado en el mundo en el presente y en el pasado inmediato.

                                   Las numerosas denuncias de las agencias norteamericanas de inteligencia, han encontrado respuesta en los respectivos gobiernos (Paraguay, Argentina y Brasil). Diarios Paraguayos y Argentinos se han hecho eco de esta insistente versión norteamericana, pero luego de numerosas y acabadas investigaciones periodísticas, no se han podido constatar las aseveraciones estadounidenses. Así, un periodista del Diario La Nación de Buenos Aires decía que “si esta TF es un hervidero de espías en busca de terroristas, sus habitantes  no han tenido la oportunidad de darse por enterados” (Santiago O’Donnell, “Antiterroristas de tiempo completo” La Nación, Sección exterior 19/09/001, pág 11) Estas afirmaciones de la inteligencia norteamericana vienen haciéndose muy frecuente, con también frecuentes desmentidas de los gobiernos brasileño y paraguayo y, con menor énfasis por el argentino. Los medios de comunicación, principalmente los diarios han  venido dedicándole, cada cierto tiempo un importante espacio a este tema (Clarín, La Nación, ABC, etc.) reclamando de los respectivos gobiernos mayor atención a la seguridad. Aún con la venida de funcionarios del Gobierno norteamericano, la efectiva presencia o la actividad financiera no ha podido comprobarse.

                                   Ahora bien, no es posible separar estas circunstancias de otras que parecen guardar relación con la insistencia norteamericana. A los militares norteamericanos que llegan en misión al sur del Continente les ha sido denegado un status especial, pretendido por ellos, exonerándolos de las responsabilidades que les genera la adhesión al Pacto del Tribunal Penal Internacional, de los que los E.E.U.U. no son signatarios, sin embargo, continúan los llamados ejercicios conjuntos con militares estadounidenses en la Región.

                                   Al sustantivo alejamiento de los países latinoamericanos de la órbita conservadora norteamericana, debe agregársele la importancia vital que va cobrando el Acuífero Guaraní, que opera como un gran mar subterráneo de agua dulce en casi todo el territorio del MERCOSUR, importancia que se eleva progresivamente y en forma proporcional al calentamiento del ambiente y a la desertificación de regiones como África, Medio Oriente, etc. La presencia de fuerzas militares norteamericanas no ha podido pasar desapercibida y tampoco puede evitarse la especulación en la insistencia sobre la existencia de células o agentes del terrorismo y la sistemática negativa de los habitantes de la región, así como la  de los gobiernos respectivos.

                                   Los Estado Unidos han venido insistiendo en mi país en la aprobación de un anteproyecto de ley antiterrorista con capítulos especiales que vulneraban seriamente el derecho al debido proceso y lesionaba casi todos los instrumentos de Derechos Humanos. Asimismo, expertos norteamericanos han colaborado con el Ministerio Público y el Poder Judicial en jornadas de revisión de los efectos de la vigencia del Nuevos Sistema Penal Paraguayo, específicamente, del Código Procesal Penal, sugiriendo la supresión de la etapa preparatoria, en la que interviene el Juez Penal de Garantías, promoviendo una mayor libertad del Ministerio Público, inclusive la posibilidad de dictar órdenes de allanamiento. También esto ha sido rechazado por los operadores penales y magistrados del ramo.

                                   No cabe duda alguna que la actividad terrorista constituye, en la actualidad, un peligro para la convivencia pacífica en todo el mundo. Pone en riesgo poblaciones y regiones que nunca han intervenido ni fueron objeto en los conflictos de tipo religioso, ideológico o de intereses en otras regiones. Es necesario, tampoco cabe duda, que los gobiernos se impongan la necesidad de otorgar seguridad a quienes habitan dichas regiones. Pero, de ninguna manera, podrá permitirse el establecimiento de una verdadera “Zona de Guerra” en esta región que, a pesar de los embates que sufre por parte de la delincuencia organizada, logra mantener una convivencia pacífica muy aproximada a la ideal, no solamente entre los naturales de los países de la Triple Frontera, sino también de aquellos inmigrantes que deseen vivir en paz y honestamente.

                                   La abundancia de delitos tradicionales (contrabando, secuestros, etc.) constituye responsabilidad de los respectivos estados que conforman la Triple Frontera y en el ejercicio de su deber de administrar justicia tienen la obligación de poner orden, prevenir la comisión de delitos y sancionar a los que los cometen. Sin embargo, de  ninguna manera, podemos estar de acuerdo con importar legislaciones extranjeras, adoptar medidas drásticas de presión y represión y, sobre todo, permitir la participación de fuerzas extranjeras en una actividad que representa el núcleo de la soberanía de los estados, el de impartir justicia. Los estados latinoamericanos, han logrado con mucho esfuerzo, desterrar los gobiernos autoritarios y mal se pueden imponer medidas de claro sesgo autoritario, conculcando las garantías constitucionales y de derechos universales por imposición de ideologías y necesidades extrañas tomando parte en conflictos con los que no tenemos ninguna relación. Hemos de proteger a nuestros ciudadanos y a los extranjeros que viven en nuestros respectivos países con un estricto respeto a nuestra legislación penal y a los derechos y garantías establecidos en los diversos Instrumentos de Derechos Humanos de vigencia universal.              

   El narcotráfico

                                   El narcotráfico, abundante en este momento, sobre todo de la especialidad de la región, como la marihuana y la coca, constituye un grave flagelo para la región, por las grandes cantidades de su producción, ya que son plantas de crecimiento casi silvestre. En el Paraguay, la batalla contra el tráfico está dando resultados interesantes. Sin embargo, como es casi costumbre, los detenidos y procesados son en su gran mayoría, operadores de segundo orden y en escasísimas oportunidades se ha llegado hasta los grandes capitalistas del tráfico. El Ministerio Público y la Policía deben extirpar de raíz esta actividad, pero accionando y descubriendo también a aquellos que aportan el capital y se benefician con el gran tráfico, ya que con sólo detener y procesar a los operadores se extirpa sólo un brazo del gran pulpo, permitiendo la continuación del ilícito. Nuevamente, los instrumentos técnicos de investigación juegan un papel casi excluyente, toda vez que sin el apoyo de ellos, jamás se llegará hasta el núcleo de estas organizaciones criminales. Penalmente ya se ha establecido la interrogante de si la producción, el tráfico y el consumo de estupefacientes son objeto de tratamiento del sistema penal. La adicción constituye un problema médico, sin embargo, el fomento del consumo y el tráfico, sí corresponden al campo de la investigación y sanción criminal. No obstante, no resulta difícil prever que solamente el castigo a los responsables no revertirá en el fin del problema.

                                   También sobre esta actividad es necesario cuestionarse la razón por la que los habitantes de nuestra región, que siempre ha plantado y consumido la coca y la marihuana en forma de medicamentos, ahora lo hacen con la intención de evadirse, de procurarse un oasis artificial y fugaz de éxtasis o alivio. Creada la necesidad de consumo en la sociedades más desarrolladas, también, como efecto rebote, se ha creado la necesidad de consumo en nuestras sociedades de muchos menos recursos.

                                   Este consumo creado artificalmente en nuestras sociedades más pobres ha incidido en el cultivo. Los indígenas, los labriegos plantan coca y marihuana, porque saben que es de fácil crecimiento y de gran rentabilidad. Si bien esta actividad es reprochable según nuestras leyes, ¿Es reprochable desde el punto de vista humano, tomando en cuenta que son los campesinos y los indígenas los que viven en la más completa pobreza y que lo que persiguen es la alimentación diaria y no la rentabilidad exagerada como los grandes empresarios de la mafias?

                                   El algodón, la soja, el maíz, la caña de azúcar, el trigo, la yerba mate, etc. exigen capital para la compra de insecticidas, asesoramiento Técnico, transporte, almacenamiento, etc. que provocan la aparición de los intermediarios que ganan más que los productores. Mientras que la marihuana y la coca, son productos que exigen poco cuidado y son de alta rentabilidad. Resulta evidente que campesinos e indígenas plantadores de coca y marihuana, a la hora de decidir su actividad agrícola se decidirán por estas últimas. Por esta razón, estamos seguros que la erradicación de la adicción a las drogas y otros estupefacientes no se logrará con la represión y el sólo efecto de “drogas no”, sino de una verdadera política de estado dirigida a suplantar estos rubros prohibidos por otros de igual rentabilidad que permita a los agricultores llevar una vida digna y decorosa.              

                                   Existen otras actividades delictivas que también van aumentando en importancia, pero por razón del tiempo y del espacio no entraremos en detalles, pero es necesario citar, por ejemplo la trata de blancas, la falsificación, delito prácticamente nuevo en esta región del planeta pero que crece en importancia debido a su incidencia en la exportación a los grande centros de consumo.

 Conclusión

                                   ¿Cuál es la solución para llegar a la destrucción de esta verdadera estructura criminal? Evidentemente no la constituye el aumento de las penas en las sanciones de privación de libertad. Los Estados Unidos, que prevén en su sistema penal no solamente la sumatoria de las penas cuando se produce la comisión de más de un delito, sino establece, inclusive la pena de muerte, no han experimentado gran adelanto en la disminución de la delincuencia. Por el contrario, las instituciones penitenciarias norteamericanas están repletas y la actividad delictiva en las grandes urbes ha aumentado. Las soluciones mesiánicas y contingentes como la llamada “Tolerancia Cero” iniciada y llevada a cabo por el ex -alcalde de Nueva York, han producido un éxito inicial, pero tomando en cuenta que tal estrategia está lejos de constituir una solución brindada como profunda fundamentación en una política criminal anclada en un estado de derecho con perspectivas y fines a largo plazo, el éxito acabó por concluir con el triunfo parcial. Nuevamente los delincuentes fueron retomando el protagonismo y el índice de criminalidad fue creciendo nuevamente.

                                   El criterio que sustento es que –no solamente en las zonas de frontera- sino en toda la sociedad, la solución consiste en reemplazar una estructura por otra. La dependencia de los grupos marginales, que son sacados de la miseria para activar en las bandas criminales, de los grandes capomafiosos proviene de una inadecuada política de los Estados. Sustento el criterio que no deberíamos erigir solamente a la Administración de Justicia en la panacea, creyendo que el robustecimiento del Poder Judicial, del Ministerio Público, o los estamentos armados, acabarán con la delincuencia. La sociedad toda sufre este mal y la política –tomada en sentido general como programa de Estado- tiene la obligación extremar recursos para brindar a los habitantes de los estados los recursos básicos para poder hacer frente a sus necesidades. De lo contrario, ellos no acudirán al Estado sino a los entronizados capomafiosos.

                                   La política y el cambio de estructuras debe incluir como mínimo, y refiriéndonos estrictamente a zonas de frontera, aunque debiera ser para todo el país, un intercambio controlado más frecuente de información, de personal especializado, de tecnología y, al mismo tiempo un tránsito menos accidentado para los particulares comunes en ambos lados de la frontera. Esto significa que creando un control más técnico, pero menos molesto para los particulares, removiendo trabas para el tráfico comercial en cantidades razonables, el paso sutil, escondido, soterrado, no tiene razón de ser en ciudades y pueblos de la frontera en donde debe campear el tráfico e intercambio de las culturas regionales y no los frutos de recursos malhabidos.

                                   Es necesario reconocer buenamente que las grandes lesiones a la economía del Estado como el contrabando, la falsificación y otros se hacen en grandes cantidades y planeados y llevados a cabo por grandes capitalistas que generalmente no viven cerca de las fronteras, lo que significa que, la revisión personal, las molestias y fastidios a particulares de ambos lados, estudiantes, trabajadores, etc. no hace más que crear resentimientos por parte de estos hacia las autoridades. Estas autoridades deben reconocer perfectamente quienes son los verdaderos sospechosos, los cerebros, lo capitalistas del crimen y cuales son solamente los peones que utilizan para llevar a cabo sus delitos. El castigo a la corrupción de los funcionarios –en ambas márgenes- resulta ineludible si queremos desterrar los delitos de frontera. La impunidad juega un papel extremadamente importante. Entendemos que es imposible eliminar por completo la corrupción, pero lo que no podemos es mantener la impunidad. La tranquilidad que otorga a la sociedad que funcionarios decentes, probos y honestos se ocupen de la recaudación pública, inspira en los habitantes una confianza que no puede otorgar un castigo con varios años de prisión a los delincuentes.

                                   Una vez asegurado el decrecimiento de la corrupción y el castigo a los responsables, debe intensificarse la cooperación de las autoridades fronterizas. Policía, Gendarmería, Poder Judicial y Ministerio Público deben colaborar estrechamente, haciendo llegar, inclusive a los gobiernos locales y centrales propuestas sobre la manera más desburocratizada de trabajar en coordinación, sin la molestia de la lenta y molesta burocracia centralizada. El MERCOSUR ha establecido varios convenios internacionales que no están dando –hasta ahora y en la coyuntura fronteriza- el resultado que se esperaba que obtenga, sobre todo que sea asimilable y utilizable por el ciudadano común. Los Gobiernos deben entender que los acuerdos bilaterales o multilaterales deben ser elaborados con proyección de utilidad  al pueblo y para que este disfrute de los beneficios que aquel pueda otorgarle. De nada sirven publicitados y bienintencionados acuerdos multilaterales si su puesta en práctica no redunda en beneficio de los pueblos.

                                   El sostenimiento de una seguridad fronteriza no puede estar desvinculado de la seguridad de la ciudades, de los estados nacionales y de toda la región. No tendrá sustento sin una política global, la que también deberá incluir especificidades en zonas fronterizas. Con el mismo criterio, no es posible alimentar la panacea de que la seguridad se obtendrá de la noche a la mañana, sino que ella forma parte de un proceso de cambios estructurales que no es posible llevarlos a cabo en forma inmediata.

                                   En el campo de la implementación práctica de los resortes de las seguridad, los cuerpos operativos de frontera, como la Policía, la Gendarmería y el Ejército deben contar con los adelantos técnicos en materia de identificación, detección de falsedad de documentos, redes informáticas de respuesta inmediata con la Capital y las ciudades principales del país, bases de datos, comunicación informática con los centros de frontera del país vecinos, etc. Todos conocemos que las grandes cantidades de dinero que manejan las bandas criminales y que les permiten acceder a los últimos adelantos tecnológicos en materia de comunicación, transporte, etc. Por ende, los gobiernos no deben retacear, si quieren desterrar estos males, en equipar a sus cuerpos de seguridad de frontera de los mismos e inclusive de mejores equipamientos técnicos que los  delincuentes. Creo firmemente que en vez de enviar tropas, los países con mayor desarrollo, deben permitir la incorporación de mejor tecnología y la importación del know how.

                                   No debe olvidarse que la estrategia para desterrar a la delincuencia no concluye con la captura del delincuente, sino que en ese momento se inicia el procedimiento judicial. Los órganos jurisdiccionales de frontera también deben estar munidos de los adelantos técnicos que requiere esta guerra contra el delito. Los operativos de investigación de frontera requieren una respuesta con celeridad por parte de estos órganos. Lo que significa dotar de un mayor número de funcionarios, de oficinas de atención urgente, de funcionarios capaces y de respuesta rápida y de las herramientas legales veloces para el intercambio de personas, herramientas técnicas, medios de prueba, legislación, etc., que signifique el cercenamiento de los brazos de la delincuencia a ambos lados de la frontera.

                                   Por último, debemos recordar que una inadecuada implementación del procedimiento penal, producirá la impunidad de los delincuentes. Permítaseme expresar mi opinión en el sentido que los derechos y garantías constitucionales y procesales no constituyen impedimentos para que los malvivientes escapen al castigo de la sociedad como se hace creer al público, sino la deficiente implementación de los ordenamientos nacionales e internacionales. La garantía que se ofrece a todos de contar con un proceso justo, evita la posibilidad de los reclamos posteriores por parte de los justiciables y garantiza la credibilidad por parte de los miembros de la sociedad que ahora reclaman aumento de pena para los delincuentes. Es la persecución implacable pero  dentro del marco del estado de derecho, la falta de cuartel para con la delincuencia organizada, estructurada con órganos de seguridad bien equipados, pero con claros criterios de los derechos fundamentales, acompañados por una justicia respetuosa de los derechos del imputado, pero también los de la sociedad, imparcial, pero honesta, es lo que finalmente dará como resultado la eficacia que todos hemos estado reclamando para volver a hacer realidad los sueños de nuestros antepasados para la estabilidad de nuestra región.