CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS
Y GARANTIAS EN EL SIGLO XXI.

Comisión 6.

Desarrollo
La reforma constitucional de 1994 incorporó en su Primera Parte, capítulo segundo "Nuevos Derechos y Garantías" a la acción de amparo, cuyos orígenes y desarrollo en nuestro país se debe fundamentalmente a la labor jurisprudencial(1). Sin embargo, su posterior reglamentación a través de la ley 16.986 y el art. 321 inc. 2 del CPCCN, en lugar de facilitar el acceso a la jurisdicción, se convirtió en un verdadero obstáculo para su progreso(2), por la limitación que sus normas imprimían para su admisibilidad.
Consideramos que en la actualidad, el diseño del art. 43 CN ha contribuido a aumentar la protección garantística de los derechos consagrados en la Ley Fundamental, por la eliminación de la no obligatoriedad del agotamiento de la etapa administrativa previa, la posibilidad de que los jueces declaren la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto u omisión lesiva, y la ampliación de la legitimación activa para su interposición. En este último punto detendremos nuestra atención.
Además del reconocimiento del ‘amparo individual’ (art. 43 CN, primer parágrafo), la norma constitucional recoge el ‘amparo colectivo’(3), ampliándose el espectro de protección constitucional a los denominados derechos de incidencia colectiva(4).
No obstante la aparente claridad del texto constitucional en lo concerniente a la legitimación activa, se observan divergencias en los tribunales para la admisibilidad de la acción. Así, lo ha demostrado el desarrollo jurisprudencial luego de 1994, apreciándose posiciones encontradas en lo que hace a su progreso.
Aparecen como legitimados para accionar, según el segundo párrafo del art. 43 de la CN: el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones. La base de la legitimación es distinta en los tres supuestos. El defensor del pueblo, no requiere la acreditación de un perjuicio distinto al de la generalidad, como sí se requiere indudablemente en el caso del afectado. Para las asociaciones la base de la legitimación estaría dada en la coincidencia entre los fines para los cuales fue creada, con el objeto de la demanda.
Lo que ha quedado en claro, es que nuestro más Alto Tribunal a la hora de discernir si estamos en presencia de verdaderos legitimados para intentar esta acción, ha seguido la jurisprudencia norteamericana que requiere para su admisibilidad la existencia de un standing(5), que se encuentra ligado a la legitimación de las partes para actuar, y no a la materia sobre la cual versa la presentación, con base al art. III de la Constitución americana(6).

El afectado.
Cuando se alude al ‘afectado’, consideramos -siguiendo la línea doctrinaria del Dr. Germán Bidart Campos- como tal a ‘toda persona afectada’(7), lo que significa que no se trata de la persona lesionada en un derecho subjetivo -como es el caso del párrafo primero de la norma constitucional-, sino que podríamos decir, que se ha extendido la protección a la porción subjetiva en los derechos de incidencia colectiva(8), o bien en defensa de los denominados intereses legítimos(9), tal como lo sostienen otros autores.
Aunque creemos que además de una diferencia terminológica, existe una diferencia conceptual entre los dos conceptos anteriormente relatados, debemos manifestar que la coincidencia en doctrina se manifiesta en el convencimiento de la no admisión del interés simple, para la admisibilidad de la acción.
Otro tema que plantean algunos autores es que la interposición de la acción por el afectado, excluiría la intervención del Defensor del Pueblo o de las asociaciones(10). Además, se han dado situaciones en las que se ha citado de oficio al Defensor del Pueblo como tercero, situación sobre la que se alzaron voces a favor y otras en contra(11).

El Defensor del Pueblo.
El art. 86 CN otorga al Defensor del Pueblo la legitimación procesal para la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos y omisiones de la Administración(12); y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas(13).
A su vez, el art. 43 CN le otorga legitimación activa para interponer acción de amparo, que no sólo debe basarse en la defensa de la mera legalidad, sino que del acto administrativo que provoca la actividad del defensor del pueblo, debe derivarse un perjuicio en los derechos de las personas.
Hasta aquí dos cosas: por un lado el límite competencial de su actuación dado por el art. 86 CN, y por otro lado, la necesidad de la existencia de un perjuicio para la colectividad, del acto que se impugna(14).

Asociaciones.
También se las legitima a aquellas que propendan a la defensa del ambiente, la competencia, al usuario y al consumidor, y a los derechos de incidencia colectiva en general, que se registren conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.
La jurisprudencia ha admitido la legitimación activa de estas asociaciones a pesar de la falta de sanción de la ley complementaria que reglamente los requisitos de inscripción de ellas (ejemplo de ello, fue el fallo "Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica c/Provincia de Buenos Aires", CS, abril 22-997). Es obvio que la omisión del legislador no puede excluir de la defensa de sus derechos a este tipo de organizaciones. Sin embargo, resultaría importante la reglamentación de la ley de amparo, ya que la idea que persigue la constitución de un registro es evitar que por una cuestión de deslealtad comercial, se utilice la forma asociativa para frenar la actividad de una empresa competidora, o lo que se intente dirimir sea simplemente una oposición de intereses sectoriales.

Conclusiones.
Sin lugar a dudas, la protección garantística ha aumentado a partir de la reforma constitucional con la ampliación de la legitimación activa, lo que es conteste con el modelo de Estado Social democrático de Derecho al que adhiere nuestro sistema institucional.
La mayor participación de la población en los asuntos públicos, el reconocimiento de nuestra ley fundamental a una tercera generación de derechos y el lugar privilegiado que ocupan los tratados internacionales de derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico, conlleva necesariamente como modo de garantizar efectivamente los derechos, al reconocimiento en sede judicial de otra categoría de legitimados, sino que el perjuicio puede estar latente más allá de aquel que se vio vulnerado en un derecho subjetivo, para la real defensa de los derechos de la colectividad.

NOTAS