CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS
Y GARANTIAS EN EL SIGLO XXI.
Comisión Nº 5: Derecho comercial.
5.3 Los derechos de los acreedores en el proceso concursal.

DESARROLLO:
Existen serias divergencias y dudas, atento, por una parte, lo novedoso de la redacción del art. 55 L.C., la inexistencia de antecedentes o casos jurisprudenciales, y las escasas publicaciones posteriores a la reforma, y por otra, la simultaneidad y aparente contradicción entre las normas del Código Civil (relativas a los efectos de la novación y el contrato de fianza) y la actual legislación concursal.
A fin de intertar resolverlas es menester que realicemos un breve análisis del art. 55 LC, como así también de sus efectos:
A.- EL ART. 55 DE LA LEY 24.522.
El texto de la novación dispuesta por el art. 55 de la LC, exceptúa de sus efectos extintivos exclusivamente a las obligaciones del fiador y de los codeudores solidarios. ¿Cómo juega esta disposición? Pasemos al análisis.
Al fiador o codeudor solidario se le presentan dos opciones ante el concurso de su deudor principal (atento al límite concursal impuesto a los efectos novatorios del acuerdo homologado):
A.-1) Peticionar Su Concurso Preventivo.
El garante, fiador o codeudor se encuentra facultado para solicitar su propio Concurso Preventivo, el cual podrá tramitarse en forma autónoma o por agrupamiento con el deudor principal.
En efecto, la propia ley concursal, en su art. 68 (y dentro del capítulo VI, referido al Concurso en caso de agrupamiento) prevé esa posibilidad exigiendo simplemente que se "garantizasen las obligaciones de un concursado".
En síntesis, cumplimentados los recaudos del art. 68 LC, el concurso del garante podrá tramitar en conjunto con el de su garantizado, aplicándose las disposiciones sobre Concurso en caso de agrupamiento. ¿Cuáles son dichas disposiciones?
De los principales efectos de este tipo de concurso (que se encuentran en el art. 67 LC) nos interesa destacar la facultad de las partes de formular una única propuesta.
En caso de presentarse una propuesta única, no dudamos en admitir que los efectos del acuerdo homologado alcanzarán tanto al deudor principal como a su garante; situación que, obviamente, no se configurará en caso de presentarse propuestas diferenciadas (de lo contrario las presentaciones diferenciadas carecerían de sentido, en este aspecto).
En síntesis, entendemos que la ley exige, para que el acuerdo del deudor principal alcance en sus efectos a la obligación del fiador que:
a) el mismo se presente dentro del plazo previsto por la L.C. art. 68 en concurso solicitando que éste se tramite conjuntamente con el del deudor principal y,
b) que se presente una propuesta de acuerdo unificada.
Este razonamiento nos permite concluir que cuando el art. 55 de la LC prescribe que la novación que produce el acuerdo homologado no causa la extinción de las obligaciones del fiador, se refiere a que dicho acuerdo no afecta en absoluto la deuda de éste -sea en cuanto a su subsistencia como en cuanto a su extensión-, ya que con posterioridad la misma ley da pautas claras y precisas en relación a cuándo dicho acuerdo la afectaría (en caso de concurso por agrupamiento con propuesta unificada).
Veámoslo en un ejemplo: A (deudor principal) adeuda a la fecha de presentación en concurso a B $ 1.000 que deberá pagar en 5 cuotas mensuales de $ 200. Además B cuenta con una fianza de C por las deudas de A.
De la interpretación conjunta del art. 55, 68 y cc. LC podemos analizar los tres supuestos que pueden darse:
CONCURSOS AUTÓNOMOS y/o ACUERDOS SEPARADOS: A se concursa, C puede tramitar con éste su concurso o en forma autónoma.
En el primer supuesto imaginemos que ambos logran homologar sus acuerdos independientemente, pero separados. A consigue una quita del 20% de su deuda, B obtiene una del 10%. En síntesis A pasa a deberle a B $ 800, mientras que C le deberá $ 900.-
En este supuesto, B podrá cobrarle a los dos su deuda en la forma que considere pertinente, y siempre y cuando no cobre más que el monto máximo obtenido en cualquiera de los dos acuerdos, ya no podrá cobrar $ 1.000 sino lo máximo que obtuvo: $ 900.
Además nunca podrá reclamar más de lo que ha acordado que cada deudor le debe: si bien el máximo es $ 900 al deudor A sólo podrá reclamarle un máximo de $ 800.
Las combinaciones son casi infinitas, por ejemplo: $ 400 a A y $ 500 a C, $ 800 a A y $ 100 a C, $ 900 a C y nada a A, etc.
Asimismo a C le quedará siempre la posibilidad de repetir lo abonado a B contra A (en virtud de los principios generales). Pero, como dicho crédito posee una causa anterior a la fecha de presentación en concurso (es preconcursal) deberá: 1) verificarse en forma eventual o tardíamente o por la forma ordinaria que corresponda si el concurso de A ha finalizado y; 2) someterse a las reglas concursales y los principios acordados en el acuerdo homologado (al crédito de C se le realizará una quita de 20% en este caso).
Si se presentan concursos independientes la situación sería la misma.
Veamos el segundo supuesto:
ACUERDO CONJUNTO: A se concursa. C, para lograr que los efectos del futuro acuerdo lo alcancen debe peticionar su concurso preventivo, para que tramite en conjunto con el de A. De esta manera, y si se presenta una propuesta de pago unificada (que obviamente se apruebe) los efectos novatorios del acuerdo homologado lo alcanzarán: tanto A como C pasarán a deberle a B $ 800, el efecto de la quita del 20% alcanza a ambos.
Cabe señalar que en este supuesto el acreedor verá satisfecho su crédito con el pago de $ 800. No podrá cobrarle los $ 800 a uno de los deudores y los $ 200 al restante: la obligación se extingue una vez que se le hayan abonado $ 800.
Si el que paga es C, sea $ 800 o la porción que sea de dicha deuda tendrá un crédito contra A (crédito preconcursal, ya que su causa es anterior), el cual podrá verificar tardíamente o eventualmente o repetirá por la vía ordinaria si así corresponde, con los límtes del acuerdo (quita del 20%).
Si bien pareciera que estas son las opciones más convenientes para el garante es necesario que destaquemos (sin que ello implique un juicio de valor) que para solicitar el tratamiento conjunto de los concursos éste cuenta sólo con treinta días a partir de la última publicación de edictos (momento en que, teóricamente, desconoce absolutamente cuál será la suerte de dicho concurso).
Además la presentación conjunta no es una obligación legal (deberá lograr el acuerdo de su garantizado). A esto se suma el hecho de que de no lograrse el acuerdo ambos irían a la quiebra.
Asimismo varios de esos inconvenientes se salvarían si el garante se concursa, pero en forma independiente al concurso del deudor. Ya que en este supuesto la solución pareciera ser la misma que en el caso de concurso por agrupamiento con acuerdos separados.
Por lo expuesto podemos concluir que si bien la tramitación conjunta del concurso apareja importante ventajas al garante (siempre y cuando logre presentar un acuerdo conjunto), los riesgos también son importantes.
A.-2) No Peticionar Su Concurso Preventivo.
En este caso los efectos novatorios del acuerdo no lo alcanzarán bajo ningún punto de vista (en relación al crédito que adeuda a B). Esta solución pareciera en principio injusta para el fiador, y así lo ha señalado un sector de la doctrina, pero en realidad no es así, ya que si A se concursara y lograra un acuerdo por el cual se reducen los plazos de espera y, los efectos del acuerdo homologado alcanzaran al fiador, éste se vería seriamente perjudicado.
Además, permitir que los efectos novatorios del acuerdo alcancen al garante implicaría admitir que una de las partes del contrato (el acreedor si suponemos que estamos por ejemplo ante una fianza), juntamente con un tercero (deudor), modifiquen arbitrariamente el contrato celebrado entre el fiador y el acreedor.
Lo señalado afecta principios fundamentales como la autonomía de la voluntad, los efectos relativos de los contratos, etc. Aunque es necesario que realicemos una salvedad: es posible que este fiador participe en la negociación del acuerdo (recordemos que puede estar presente como acreedor eventual).
Así dicho convenio sí lo alcanzará, ya no como deudor sino como acreedor del deudor principal, y hasta la concurrencia de lo que pueda repetir contra el concursado (recordemos que la causa de su deuda es anterior al concurso).
Vayamos a un ejemplo: B (acreedor de A) verifica por $ 1000, C (fiador de A) verifica eventualmente por $ 1000. Realizado el acuerdo se le concede a A una quita del 20%.
Esto conlleva a que A le pague a B $ 800. Como B cuenta con la fianza de C le cobrará a éste los $ 200 restantes. Y C podrá repetir ante A por esos $ 200, pero sometiéndose a las reglas del acuerdo: o sea que A le pagará a C el 80% de su crédito EFECTIVO (el 80% de 200 = $ 160).
También puede suceder que el fiador no verifique el crédito como eventual, reclamando posteriormente el crédito efectivo (sea a través de una verificación tardía con costas o por medio del proceso ordinario correspondiente si el concurso ya ha finalizado). En este supuesto se aplican las mismas reglas que en el segundo: cuando B le cobre los 200 pesos, C podrá repetir contra A, por su deuda efectiva y preconcursal (por $ 200), sometiéndose a las pautas establecidas en el acuerdo concursal (art. 56 LC).

B.- LA NORMATIVA DEL CÓDIGO CIVIL.
No se nos escapa que las soluciones planteadas podrían contradecir el art. 1995 del CC, que, en relación a la fianza, establece que si el fiador se ha obligado por más que el deudor se reducirá su obligación a los límites de la del deudor. Pero tenemos en cuenta que nos hallamos ante un régimen que por su condición de "especial" y "posterior", prevalece sobre la normativa general del Código Civil.
Igualmente nos vemos obligados a realizar una breve referencia al art. 811 del Código Civil, que prescribe que la novación entre el acreedor y los fiadores, extingue la obligación del principal. Al respecto simplemente queremos señalar, junto con importante doctrina que la novación de la ley concursal es una novación diferente a la prevista en la normativa civil, hecho que ratifica sus peculiares características y la misma referencia que hace la ley concursal a señalar que "esta" novación no extingue la obligación del fiador o del codeudor solidario (en una clara comparación con "aquella" novación: la del código civil).

C.-CONCLUSIONES.
Consideramos que la solución más justa y objetiva es privar en su totalidad de los efectos novatorios que la ley otorga al acuerdo homologado en relación al fiador y/o co-deudor solidario, admitiendo dicha posibilidad sólo en los supuestos enunciados.
Esta postura protege el crédito del acreedor y, además, le brinda seguridad jurídica al fiador ya que de lo contrario un tercero (el afianzado), juntamente con el acreedor podrían llegar a "manipular" arbitrariamente su deuda: haciéndola inmediatamente exigible, etc. También el concursado se ve protegido a través de esta interpretación: téngase en cuenta que de ampliarse los efectos del acuerdo a terceros fiadores o codeudores más de un acreedor garantizado sería remiso a otorgar su consentimiento a acuerdos que impliquen quitas o esperas (lo que sólo acrecentaría las posibilidades de arribar a la quiebra del deudor), ya que con ello también las otorgarían al garante.
Somos de la idea de que la interpretación que propugnamos de la normativa concursal es la más favorable a la protección del crédito mercantil, que no es más que uno de los objetivos de dicha legislación: buscar un proceso universal que garantice la posibilidad de cobro a todos los acreedores, sin desproteger al deudor. De esta manera, éstos están más protegidos ante la eventualidad de la insolvencia del deudor, y en consecuencia van a otorgar más créditos y van a ampliar su operatoria teniendo en cuenta un elemento que contribuye a dar visos de seguridad de cobro. Todo lo cual, a la postre, redunda en beneficio de la comunidad toda.